martes, 30 de julio de 2013

VOTAR EN CONTRA

Voto contra
Por Romina Sánchez / 22 de junio 2013
Hay ocasiones en las que los legisladores que deberían defender los intereses de la Ciudad hacen exactamente lo contrario. Tres casos muestran cómo algunos antepusieron las conveniencias partidarias.

Nombres y apellidos de los que votan a espaldas de los intereses porteños.
Conocido por albergar en sus entrañas al Museo Histórico Nacional, pero también por sus árboles, tanto verde en ocho hectáreas, por su anfiteatro, por su barranca tan barranca, el presente del Parque Lezama parece esquivar la historia, su historia bien porteña. ¿O es que esto también es historia? Hoy el predio se convirtió en un nuevo botín de guerra en el tironeo, ya histórico a estas alturas, entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad. Un tironeo en el que, en lo que hace a la disputa por el espacio público, nuevo escenario del tire y afloje de la política polarizada, Cristina Fernández de Kirchner ya se peleó con Mauricio Macri por el monumento a Cristóbal Colón ubicado, precisamente, en la plaza Colón, que está justo detrás de la Casa Rosada. Colón que se vaya a Mar del Plata, pensó Cristina, y en su lugar colocamos una estatua de Juana Azurduy, qué tanto. La Justicia ya intercedió. Solo resta que defina, que decida el destino de una figura crecientemente discutida. Y bajar el telón. Al menos de ese capítulo. Porque el del Lezama tiene para rato. Y tiene historia: la historia que cuenta con lujo de detalles que hay diputados nacionales por la Ciudad que votan o proponen iniciativas en contra de la Ciudad. Así de simple.
Es que la diputada kirchnerista María del Carmen Bianchi, ex Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, presentó hace poco un proyecto de ley con el fin de que el gran parque de San Telmo, emplazado entre las calles Defensa, Brasil y las avenidas Martín García y Paseo Colón, por fin abandone la órbita porteña y pase a ser administrado por el Estado nacional. ¿Cómo? Declarándolo lugar histórico nacional. Es que desde el 96, autonomía porteña mediante, este y otros espacios son manejados por la Ciudad de Buenos Aires. Ahora Bianchi dice que “el lugar está abandonado a su propia suerte”. Y pese al plan de reacondicionamiento llevado adelante por el Ejecutivo porteño, lo cierto es que sus argumentos son objetivos. El parque es, sin más, un desastre. Y los vecinos se quejan de que allí vive gente y que es una usina de delincuencia y mala vida.
“A mí me robaron tres veces en dos meses, una en el negocio y otra en la calle, a metros del parque”, cuenta a NU Marisa, kiosquera del barrio. “A mí realmente me tienen harto los pibes que consumen paco y todo tipo de drogas, porque después son esos los que te roban. ¿La seguridad? Bien, gracias”, se queja Francisco, quien vive hace más de cuatro décadas sobre Brasil al 400: tiene el necesario registro diacrónico en la retina –en la memoria– para tanta protesta.
Pero el tema que podría molestar, y mucho, es que con su planteo Bianchi parece querer llevarse puesta la autonomía porteña, pasarla, como se dice en criollo, como alambre caído. Como las rejas que el Gobierno porteño piensa instalar en Parque Lezama, cuando logre consensuar con los vecinos..
Bianchi metió la cola del lado menos porteño del asunto, aunque, quizás, es el menos grave de una lista de casos. Como el affaire del traspaso de depósitos judiciales del Ciudad al Nación, non stop, sin escalas, el año pasado, bajo la actuación estelar de Daniel Filmus, excandidato crónico a jefe de Gobierno K. O como cuando hubo que aprobar la modificación de la Ley Cafiero para que la Ciudad dejara de jugar al nene eternamente tutelado en materia de seguridad, y el diputado porteño de la Central de los Trabajadores Argentinos, Claudio Lozano, votó en disidencia, junto a otros once colegas del ARI y el socialismo. Porque no estaban los recursos. Intentando clausurar así una posibilidad de autonomía real, trunca por los fondos nulos, pero real. Real. Tan real que hasta el Pro, cuyo gobierno se veía perjudicado por la falta del traspaso de fondos, votó por la positiva, en consonancia con el kirchnerismo.
Abandonado a su propia suerte
En el proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Comisión de Cultura el 5 de junio, Bianchi propone que “la protección legal sobre el Parque Lezama sea expresa en relación con todos y cada uno de los bienes muebles e inmuebles que revistan interés histórico, artístico y arqueológico, así como el paisaje urbano y natural, que configuran ese espacio como lugar histórico nacional”. “Asistimos tristemente a la brutal intervención del espacio público en nuestra ciudad. Tal es el caso de lo que ocurre en el Parque Lezama. Símbolo de los períodos históricos de Buenos Aires y la Argentina, este jardín, otrora esplendoroso, fue abandonado”, insiste Bianchi en sus argumentos.
Resta su tratamiento, en breve, en la Comisión de Legislación Nacional y en la de Presupuesto. Se estima que la propuesta podría llegar a tratarse en Diputados a principios de julio, por lo que los kirchneristas son optimistas, y que tiene amplias posibilidades de prosperar. Por lo pronto, el visto bueno del resto del bloque ya está asegurado. Pero desde el Pro, por supuesto, ya anunciaron el voto en contra. Rechazo total.
El ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, declaró a raíz de la movida: “No encuentro fundamentos serios en este proyecto de ley. Más aún, parece un nuevo intento para poner palos en la rueda a nuestra gestión”. Pero no se quedó ahí: “Estamos trabajando desde el año pasado para que el parque recupere el esplendor de su aspecto de 1930, y me sorprende que justo ahora el Gobierno nacional se interese”, refirió el funcionario Pro respecto al plan que, no tanto en los papeles pero sí en los hechos, está pendiente para recuperarlo con la promesa de inversión de unos 19 millones de pesos.
Lo cierto es que, hasta ahora, desde que en 1996 se declaró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tanto los espacios verdes como los monumentos pasaron a manos del Ejecutivo porteño. Y eso es lo que, con las últimas movidas de la estatua de Colón y el Parque Lezama, está poniendo en tela de juicio el Gobierno nacional.
Pelando al Ciudad, desde la Ciudad
Corría la sesión del 12 de septiembre del año último cuando, pese a la resistencia del Banco Ciudad y sus empleados, del Pro y todo el arco anti-K, el Senado aprobó, tras seis horas de debate, con 38 votos a favor y 25 en contra, la propuesta oficialista de traspasar los depósitos judiciales, por la friolera de unos 1.200 millones de pesos al año, de la entidad porteña al Banco Nación. Con la nueva ley, el Banco Ciudad perderá en los próximos cinco años un colchón de 7.000 millones de pesos: el stock de depósitos al momento de aprobarse la norma, que hubiera seguido utilizando regularmente para gestionar préstamos a largo plazo, como lo venía haciendo, según entendió ahí nomás el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, desde los palcos. Palpitando el clinc caja.
¿Habrán sentido los porteños, entonces, el cuchillo por la espalda? Es que el senador K por la Ciudad, el único K, Daniel Filmus, votó, claro, el traspaso. Y no se quedó ahí: citó al propio Sturzenegger para defender su postura a favor de la iniciativa oficial. Dijo: “El presidente del Banco Ciudad asegura que el régimen de traspaso no le generará recursos significativos al Poder Ejecutivo en los próximos años, sino a quien llegue en 2015. Si no se beneficia el Banco Nación, es porque esa plata no se le quita al Banco Ciudad”. ¿Qué dice la norma? En su primer artículo propone que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectúen en el Banco de la Nación, y resalta que los valores que en el momento de entrada en vigor de la ley se encuentren en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires continuarán en esa entidad hasta la extinción de las causas que le dieron origen y como pertenecientes a ellas. Lo mismo ocurrirá con las cuentas abiertas en el Banco Ciudad para las causas en trámite que solo se cerrarán una vez que la tramitación de esas causas haya cesado. En tanto, en su artículo 2 propone que en cuanto el estado de la causa lo permita, el dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquella, en el Banco Nación. Y en el caso de las causas que tengan cuentas abiertas en el Banco Ciudad a la fecha de entrada en vigor de la ley, el dinero, títulos y valores secuestrados correspondientes a esas causas se depositarán en dicha entidad y se mantendrán unificados hasta la extinción de las causas que le dieron origen.
Filmus, fue, justamente, además de candidato a jefe de Gobierno porteño reincidente, coautor de la ley que hace un par de años traspasó fueros de la Justicia penal a la Capital, que la Ciudad condiciona a que sean acompañados con su correspondiente presupuesto . “Si vamos sustituyendo los fondos del Banco Ciudad con la transferencia de potestades judiciales a la Ciudad Autónoma, entonces no se va a perder absolutamente nada”, aseguró Filmus en ese momento. Y fueron varios los que lo miraron cruzado. Porque, seamos francos: ¿habría estado de acuerdo Filmus con quitarles los fondos judiciales al Banco Ciudad si él hubiera sido electo jefe de Gobierno, en lugar de Macri?
Ayer nomás, la reforma a la Ley Cafiero
Pero no solo de embates K vive la Ciudad. Vayamos más atrás. Vayamos al miércoles 8 de agosto de 2007. La sesión en Diputados arrancaba a las 19, tres horas después de lo previsto, y culminaría con la aprobación y giro al Senado del proyecto que modificó el artículo 7 de la denominada Ley Cafiero, la 24.588, eliminando así las restricciones para que la Ciudad de Buenos Aires pudiera tener su propia fuerza de seguridad. Nacería luego, claro está, la Policía Metropolitana.
La iniciativa impulsada por el kirchnerismo fue aprobada por 146 votos contra 12, pasadas las 2.30 de la madrugada, con el respaldo de los macristas, el Peronismo Federal, la UCR y los lavagnistas del Justicialismo Nacional. Pero –siempre hay un pero– el bloque del ARI, el socialismo y el diputado de la CTA por Buenos Aires, Claudio Lozano, firmaron un dictamen de minoría. La discordia pasaba –y cuántas veces iba a pasar– por la transferencia de los recursos para la nueva fuerza policial porteña, que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional no contemplaba.
“Los diputados nacionales de ARI harán hoy un pedido de sesión especial de la Cámara baja para derogar la Ley Cafiero”, afirmaba, previamente a las elecciones a jefe de Gobierno de 2007, Elisa Carrió. “Si el oficialismo baja al recinto y logramos derogar la Ley Cafiero que priva de autonomía a la Ciudad, estaremos ante el primer gran triunfo de Telerman y Olivera”, añadía la chaqueña, que en ese momento no era diputada, ya que había renunciado por ser investigada en una causa en la que finalmente fue declarada inocente. Se refería a la fórmula de gobierno que su partido apoyaba.
El tema de la modificación a la Ley Cafiero fue presentado, en esos tiempos preelectorales, por el candidato K Daniel Filmus, quien se transformó en esa oportunidad en el abanderado oficialista de una movida a favor de la autonomía. Con Carrió se disputaron el trono de la defensa de la autonomía. Pero cuando fue el momento de votar, el ARI no acompañó la iniciativa kirchnerista, porque sin el traspaso de los fondos, era insuficiente para ellos.
El texto aprobado en Diputados y que finalmente lograría apoyo unánime en el Senado haría que la Ley Cafiero permitiese la asunción por parte de la Ciudad de Buenos Aires de la policía de seguridad “en todas las materias no federales”, aunque sin contemplar el traslado de fondos del Presupuesto nacional ni transferir la estructura de la Policía Federal.
Todo indica, si nos inclinamos hacia el costado más porteño del asunto, que Lozano, el ARI y el socialismo podrían haber votado a favor, iniciando así el camino, abriendo la puerta para una autonomía porteña un cachito menos cercenada. Y después, después se veía qué hacer con los recursos. El tiempo les dio la razón a quienes votaron a favor, ya que hoy la Ciudad de Buenos Aires puede contar con su propia fuerza de seguridad. Aunque eso, quizá, no les diera brillo en tiempos de campaña a quienes optaron por oponerse a la medida.